- Este Organismo Autónomo acreditó la detención injustificada de un comunicador por parte de la Policía Municipal de Orizaba.
- El caso ya es investigado por la Fiscalía General de la República y existe un protocolo de protección en favor del solicitante.
Xalapa, Ver. –La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) exhorta de manera pública al Ayuntamiento de Orizaba a respetar, proteger, promover y garantizar el derecho de libre expresión de las personas periodistas que ejercen en dicho municipio.
Lo anterior se manifiesta tras los hechos ocurridos en fecha 02 de febrero del presente año, cuando por órdenes expresas del alcalde Juan Manuel Diez Francos, un comunicador fue detenido injustificadamente por parte de la Policía Municipal.
Una vez se tuvo el reporte y la solicitud de intervención, esta Comisión implementó medidas preventivas y jurídicas de manera inmediata.
No obstante, tras realizar una exhaustiva investigación y documentación del caso, se acreditó que dicha privación de la libertad se generó como una acción indirecta para restringir la libertad de expresión del comunicador.
En razón de lo anterior, este Organismo Autónomo brindó asesoría jurídica para la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General de la República y una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, instancias que ya realizan los correspondientes actos de investigación y sustanciación.
Desde la CEAPP reiteramos que el funcionariado municipal tiene la obligación de garantizar los derechos humanos de todas las personas y promover condiciones para el ejercicio pleno de éstos.
De manera particular, exhortamos a las y los integrantes del gobierno municipal de Orizaba a que, en caso de no estar de acuerdo con publicaciones periodísticas, se agoten mecanismos legales adecuadas como el derecho de réplica o la vía civil.
Este Organismo mantiene el trabajo coordinado con los municipios de la entidad por conducto del Programa Estratégico de Libertad de Expresión, bajo la convicción de que la prevención de agravios a periodistas es responsabilidad del Estado en su conjunto.
